En los bajos de Rincón de Ademuz 29, en L’Olivereta, ha aparecido un cartel con un mensaje directo: «Esta obra es legal». Detrás de esas tres palabras hay un conflicto abierto entre la propiedad y las comunidades de un complejo que comparte elementos comunes y patio interior, y que se suma a la lista de casos similares que en las últimas semanas han salido a la luz en Benicalap.
El cartel colocado en los bajos del edificio
La versión de la promotora: proyecto técnico y tramitación municipal
La promotora defiende que la actuación cuenta con todas las garantías: dispone de proyecto técnico, validación de una ECUV (Entidad Colaboradora de la Administración) y tramitación abierta ante el Ayuntamiento de València. Según su versión, las ventanas, los accesos y los huecos que se están ejecutando forman parte de un proyecto para transformar los bajos del edificio en nuevas viviendas, y todo ello estaría amparado por la documentación presentada.
La versión de los vecinos: segregación no autorizada y dudas sobre la fachada
Los vecinos mantienen una posición muy distinta. Según han denunciado públicamente, la segregación solicitada para crear las nuevas viviendas no habría sido autorizada por la comunidad, y cuestionan determinadas actuaciones sobre fachadas y otros elementos comunes del complejo, que comparte patio interior con la propiedad que ejecuta las obras.
Un cartel dice que la obra es legal. La comunidad dice que la segregación no está autorizada. Entre ambas versiones queda el patio que comparten.
El eco de Benicalap: un patrón que se repite
El conflicto de Rincón de Ademuz 29 recuerda, aunque cada expediente tiene circunstancias diferentes, a los casos que durante las últimas semanas han salido a la luz en Benicalap, donde varias comunidades denuncian actuaciones en bajos que consideran que afectan a elementos comunes sin su autorización. En ambos barrios, la fórmula se repite: locales o bajos que se transforman en nuevo uso residencial o turístico, y comunidades que se sienten al margen de decisiones que afectan a espacios que son de todos los propietarios.
Del «acudan a los tribunales» a un informe jurídico municipal
Hasta ahora, ante este tipo de conflictos, el Ayuntamiento había mantenido una posición clara: revisaría las obras desde el punto de vista urbanístico, pero remitía las cuestiones relacionadas con la propiedad horizontal a la jurisdicción civil. Es decir, si los vecinos consideraban vulnerados sus derechos como comunidad, debían acudir a los tribunales por su cuenta.
Tras semanas de denuncias vecinales y una repercusión mediática, social y política creciente, esta semana se ha producido un movimiento significativo: el Ayuntamiento ha solicitado a su Asesoría Jurídica un informe para determinar qué capacidad de actuación municipal existe en el caso de Encarna Albarracín 6, uno de los expedientes de Benicalap. Es un paso que abre la puerta a que el consistorio revise si, más allá de la vía civil, tiene algún margen propio para intervenir en este tipo de conflictos.
Una voz que, después de meses, empieza a ser escuchada
Durante meses, muchas de estas comunidades han tenido enormes dificultades para hacerse escuchar frente a proyectos que llegaban ya con proyecto técnico, validación administrativa y, a menudo, asesoramiento legal desde el primer día. Ahora, casos como el de Rincón de Ademuz 29 o los de Benicalap han conseguido algo que hasta hace poco parecía difícil: que su voz llegue al debate público y que el propio Ayuntamiento se plantee, aunque sea a través de un informe jurídico, hasta dónde puede llegar su capacidad de actuación. Desde Valencia Viva Walks seguiremos el caso y ampliaremos la información a medida que la propiedad, la comunidad y las autoridades se pronuncien.