Los vecinos de la comunidad de la calle Salvador Cerveró, en el barrio de Benicalap (Valencia), llevaban días advirtiéndolo. Hoy ha sucedido: los operarios del establecimiento turístico que se está construyendo en los bajos del edificio han entrado en las zonas comunes para abrir los huecos de las nuevas ventanas, la misma actuación que la comunidad de propietarios llevaba semanas intentando evitar.
Así lo ha grabado y contado la propia comunidad
Los obreros abren los huecos desde el interior del edificio
Esta mañana, los propietarios se han encontrado con los trabajadores actuando desde dentro de las zonas comunes de la finca para abrir los nuevos huecos. Según denuncian, estas ventanas dan directamente a espacios compartidos del edificio —como el patio interior o las zonas ajardinadas de uso vecinal— y su apertura supone una modificación de la fachada interior para la que aseguran no haber dado su autorización.
No se trata de un simple cambio estético. Alterar el aspecto de una fachada, aunque sea la interior y no la que da a la calle, afecta a un elemento que pertenece a todos los propietarios del edificio por igual, no solo al local comercial de los bajos. Es precisamente ese carácter compartido el que, según sostienen los afectados, obligaba a contar con su visto bueno antes de tocar un solo ladrillo.
Abogados y Policía Local en la finca, pero las obras no se detienen
Los responsables de las obras se han presentado en el edificio acompañados de sus abogados, previendo la reacción de la comunidad. También ha acudido la Policía, que, según trasladan los vecinos, ha levantado acta de lo ocurrido, aunque los trabajos no se han detenido en ningún momento. A estas horas, los huecos ya han sido abiertos y la fachada interior de la comunidad ha quedado modificada de forma irreversible a corto plazo.
Los vecinos lo habían advertido, habían pedido ayuda y habían denunciado lo que podía ocurrir. Hoy ya no se habla de lo que podía pasar, sino de lo que ha pasado: un hecho consumado que deja a la comunidad en una posición mucho más débil de cara a cualquier reclamación posterior, precisamente porque revertir una obra ya ejecutada resulta siempre más complicado, y más lento, que impedir que se lleve a cabo.
¿Quién protege a una comunidad cuando una actuación sobre sus elementos comunes se ejecuta pese a su oposición?
Un tipo de conflicto cada vez más habitual
Lo ocurrido en Salvador Cerveró no es un caso aislado. En los últimos meses se han multiplicado en distintos barrios de Valencia, y singularmente en Benicalap, los proyectos que convierten antiguos locales comerciales o bajos en desuso en alojamientos de uso turístico, ya sea bajo la fórmula de apartamentos, hostales o habitaciones independientes. Muchos de esos locales fueron diseñados originalmente sin ventanas propias hacia el exterior, precisamente porque su actividad comercial no las necesitaba, lo que obliga a los promotores a buscar iluminación y ventilación natural allí donde pueden encontrarla: casi siempre, en los patios, escaleras o jardines interiores que pertenecen a toda la comunidad.
Ese punto de fricción —la necesidad de abrir huecos hacia zonas que no son del promotor sino de la comunidad— se repite en varios edificios del distrito, con vecinos que describen una sensación compartida de indefensión ante actuaciones que perciben como impuestas, con llamadas reiteradas a la Policía y quejas presentadas ante los servicios municipales de disciplina urbanística que, en muchos casos, no consiguen frenar las obras mientras dura la tramitación.
Qué dice la normativa sobre tocar elementos comunes
La legislación de propiedad horizontal considera elementos comunes, entre otros, las fachadas —también las interiores—, los patios de luces, los pasos y los jardines compartidos. Cualquier obra que altere su configuración o su aspecto exterior necesita, con carácter general, el acuerdo de la junta de propietarios, y cuando esa alteración afecta a la estructura, la fachada o la configuración del edificio, la mayoría exigida suele ser especialmente elevada, en muchos casos la unanimidad.
Disponer de una licencia municipal de obras no equivale automáticamente a tener ese permiso vecinal. La licencia autoriza la obra desde el punto de vista urbanístico —que se ajuste al planeamiento, a la normativa de accesibilidad o de seguridad, por ejemplo— pero no resuelve por sí sola los conflictos de convivencia entre propietarios ni sustituye el acuerdo que exige la comunidad para tocar sus elementos comunes. Son, en la práctica, dos planos distintos que pueden entrar en contradicción, como parece haber ocurrido en este caso.
Qué margen de acción le queda ahora a la comunidad
Con los huecos ya abiertos, las opciones de los vecinos pasan principalmente por la vía legal: convocar una junta extraordinaria para dejar constancia formal de su oposición, impugnar ante los tribunales el acuerdo o la actuación que consideran contraria a sus estatutos y a la ley, y solicitar, si lo estiman necesario, medidas cautelares que obliguen a paralizar o revertir lo ejecutado mientras se resuelve el fondo del asunto. También pueden reforzar su denuncia ante los servicios municipales, aportando el acta policial y la documentación gráfica de lo sucedido como prueba de que la actuación se llevó a cabo pese a su oposición expresa.
Ninguna de esas vías es inmediata, y todas exigen tiempo, asesoramiento jurídico y, a menudo, un desgaste importante para una comunidad de vecinos que ya se siente sola frente a un proyecto empresarial con abogados propios desde el primer día.
Es la pregunta que hoy se repiten los propietarios de Salvador Cerveró, mientras la fachada interior de su edificio ya ha quedado modificada. Desde Valencia Viva Walks seguiremos el caso y ampliaremos la información a medida que la comunidad y las autoridades se pronuncien.